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ANDALUCÍA - HUELVA

PSOE de Punta dice a Cansino (PP) que aclare su "vinculación a un bufete que pide al Ayuntamiento 700.000 euros"

Publicado el 16 de octubre de 2008 20:54
Según explicó el Ayuntamiento en un comunicado, el Departamento de Intervención "carece de la preceptiva justificación del gasto ordenado por el ex alcalde mediante decretos municipales", al tiempo que consideró "cómplices de esta irregularidad" al grupo de concejales del PP que compartieron gestión con Cansino durante la pasada legislatura.

El portavoz municipal explicó que en el mes de abril de 2008, un bufete de abogados de la capital onubense "reclamó una partida de facturas por valor de más de 700.000 euros, en concepto de servicios al Ayuntamiento de Punta Umbría", unas facturas que fueron "firmadas por el ex alcalde, de las cuales no tiene constancia la Intervención del Consistorio, órgano encargado de manejar el presupuesto municipal".

Dos informes emitidos por este departamento revelan, según aseguró el Ayuntamiento, que "no existe constancia del gasto" y que por tanto "no hubo consignación presupuestaria para tales fines jurídicos", por lo que la intervención ha enviado el caso a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para "averiguar esta irregularidad cometida por Hernández Cansino".

Ferrera sugirió a Cansino que "prepare el bolsillo porque el equipo de Gobierno del Partido Socialista no permitirá que el Pueblo de Punta Umbría pague una deuda suya y de los concejales", a los que cataloga como "cómplices de esta negligencia administrativa".

Para Ferrera, existe un dato "más alarmante en todo este embrollo, y es la supuesta relación entre el ex alcalde y el bufete de abogados, ya que actualmente ambos comparten despacho en Huelva y tendrá que explicar por qué gasta 719.336 euros del bolsillo de los ciudadanos, por qué lo hace sin atender a los trámites legales y por qué acaba compartiendo despacho con el bufete de abogados que tras su marcha del Ayuntamiento reclama esa deuda".

El portavoz municipal concluyó adelantando que "los servicios jurídicos del Ayuntamiento determinarán si esta irregularidad puede acabar siendo una ilegalidad del Gobierno de Cansino".
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